El Ministerio de Minas y Petróleos informó que el contrato tendrá un año de duración e incluye una cláusula para que la petrolera china pase de un acuerdo de participación a uno de prestación de servicios.
En el primero, la petrolera hace la inversión, se lleva una parte del crudo extraído y entrega el resto al Estado. En el segundo caso, el Estado es el dueño del crudo y paga una tasa por la extracción a la compañía.
Andes Petroleum aceptó convenios temporales por un año, cuyas cláusulas ya negociadas incluyen bajar a un 70 por ciento, desde el vigente 99 por ciento, la tasa fijada por el presidente Rafael Correa a los ingresos extraordinarios por los altos precios del crudo.
Si el precio del barril de crudo se ubicaba en 117 dólares, la compañía se quedaba con 17 dólares (precio base) y los 100 restantes se repartía en un 99 por ciento para el Estado y el 1 por ciento para la compañía.
Actualmente el reparto se efectuará a partir de 52 dólares (precio base). Ello, según el ministerio, generó una deuda de 132,8 millones por los bloques 14 y 17 hasta julio de este año y llevó a la petrolera a presentar un aviso al Estado para resolver el tema mediante un arbitraje internacional.
La advertencia nunca se cumplió, pues el gobierno inició una negociación que concluye hoy con la firma del nuevo contrato.
De su lado, la firma se comprometió a pagar la deuda generada por el 99 por ciento e invertir 103,9 millones de dólares adicionales a lo programado en ambos bloques.
El Estado también recibirá una cuota de crudo adicional, que pasa del 12,9 por ciento que tenía en el bloque 14 y del 14,9 por ciento en el bloque 17 al 25 por ciento sobre la producción.
Andes Petroleum, según el acuerdo, renunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, para resolver pugnas, en su lugar, estará como sede Chile, bajo las normas de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral por sus siglas en inglés).
Ecuador logró hace dos semanas destrabar las negociaciones que mantenía con petroleras foráneas para convertirlas de socias a prestadoras de servicios, tras alcanzar con las mayores firmas que operan en el país acuerdos preliminares que aumentarán los beneficios para el Estado.
Las conversaciones con las firmas para cambiar los actuales contratos de participación por unos de prestación de servicios estaban estancadas por discrepancias con las condiciones del gobierno, por lo que el presidente izquierdista Rafael Correa decidió negociar personalmente con las compañías.
Los acuerdos preliminares alcanzados con la brasileña Petrobras y con la china Andes Petroleum y la española Repsol-YPF permiten a Correa cumplir con uno de sus compromisos electorales, en momentos en que impulsa una propuesta oficial de Constitución que deberá ser aprobada en un referendo el 28 de septiembre.
La vicepresidenta de la petrolera estatal de China, Wang Shali, una de las mayores socias del consorcio Andes Petroleum durante la negociación de los contratos con el presidente Correa, dijo que "impulsará" inversiones en los bloques 14 y 17 y en el yacimiento Tarapoa, sin especificar montos.
"Sin duda ha habido dificultades en la negociación, pero al final del día es una negociación absolutamente favorable para el Estado," señaló a la prensa el ministro de Petróleo ecuatoriano, Galo Chiriboga, tras concluir con la ronda de conversaciones.
El acuerdo con las tres petroleras incluyó que las firmas renuncien al CIADI para resolver pugnas y acepten otro latinoamericano.
Ecuador espera retomar contactos con la francesa Perenco luego de que Quito anunció el término de su contrato.
La panameña City Oriente, por su parte, acordó abandonar el país y entregó sus activos al Estado.
El gobierno ecuatoriano y la petrolera privada City Oriente acordaron cancelar por anticipado su contrato de explotación, en un acuerdo según el cual la compañía retirará una demanda de arbitraje en tribunales internacionales y recibirá una indemnización.
De acuerdo con la liquidación de obligaciones realizada por ambas partes, el gobierno deberá pagar a la compañía casi 69 millones de dólares que quedan en el balance de los impuestos y dividendos de los ingresos adicionales que la compañía obtuvo por la venta de crudo por arriba del precio estipulado en los contratos con Ecuador.
El Estado ecuatoriano y City Oriente mantenían la disputa legal por el reparto de ganancias petroleras, desde que el gobierno emitió en 2006 una ley que divide 50-50, los ingresos adicionales provenientes de la venta del petróleo a precios superiores a los que estaban contemplados en los contratos originales.
En 2007, el gobierno estableció un nuevo reparto de 99-1, a favor del Estado. La empresa entabló en octubre de 2006 una demanda de arbitraje ante el CIADI y se negó a pagar los recursos correspondientes al cumplimiento de esa ley.
Argumentó que el Estado cambió los parámetros y perjudicó el equilibrio económico del contrato vigente.
En el acuerdo alcanzado reconoce esas obligaciones y anticipos de impuestos correspondientes a 2008 que suman unos 104 millones de dólares, que serán descontados del cruce de cuentas general.
Ecuador también amenazó el mes pasado con iniciar un proceso de terminación consensuada con la estatal brasileña Petrobras -que opera el bloque 18- por discrepancias, lo que habría obligado a sus autoridades a aceptar una nueva negociación.
No obstante, la firma dijo que aún debe evaluar si modifica la forma de su operación en Ecuador a la de servicios, aunque señaló que tiene interés de permanecer en el país andino.
En 2007, Ecuador produjo diariamente unos 511.425 barriles de crudo, sumando la producción estatal y de compañías privadas. El petróleo constituye la principal exportación del país.