Esta nueva legislación, aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional (APN, máximo órgano legislativo chino) tras varias revisiones y ocho rondas de deliberaciones (algo sin precedentes), marca un paso significativo en los esfuerzos del país por profundizar las reformas económicas y promover la armonía social.
La ley, que incluye un total de 247 artículos, estipula que "la propiedad del Estado, la colectiva, y la individual, están legalmente protegidas, y ninguna unidad o individuo puede infringirlas".
"Esta legislación animará a los ciudadanos a acumular riquezas, y hará que todos puedan disfrutar de los frutos de la reforma y la apertura del país", comentó el rector de la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes de China, Xu Xianming.
Una protección igualitaria a las propiedades privadas por ley concuerda con la Constitución, la propuesta del Partido Comunista de China, y las peticiones comunes del pueblo, sostuvo Wang Liming, catedrático de la Universidad del Pueblo de China, quien participó en la redacción del nuevo estatuto.
En respuesta a las preocupaciones en el sentido de que la propiedad privada no debería ser equiparada con la pública, el vicepresidente del Comité Permanente de la APN, Wang Zhaoguo, dijo en marzo en la sesión plenaria de la entidad que no sería posible desarrollar la economía de mercado socialista, ni mantener y mejorar el sistema económico básico del socialismo, sin igualdad en la protección de las propiedades públicas y privadas.
"En la economía de mercado socialista de China todos disfrutan de los mismos derechos, observan las mismas reglas, y asumen las mismas responsabilidades", señaló Wang.
Ante la preocupación pública por eventuales adquisiciones o fusiones fraudulentas de propiedades del estado, la ley estipula la prohíbición de la posesión, distribución y destrucción de las propiedades estatales. Aquellos que ocasionen pérdida de este tipo de propiedades deberán asumir la respectiva responsabilidad legal, según la ley.
El proyecto de protección de la propiedad privada fue presentado por primera vez durante el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en noviembre de 2002. En marzo de 2004, la APN adoptó una importante enmienda a la Constitución, declarando que la propiedad privada es inviolable.